Aunque los partidos políticos no son órganos del Estado y tienen independencia de este para tomar decisiones y participar en la política nacional, son agrupaciones que tienen una responsabilidad pública importante para el correcto ejercicio de la democracia. Por lo anterior, los partidos están sujetos a la regulación y escrutinio público y deben cumplir con estándares de transparencia y democracia interna definidos por las leyes vigentes. En definitiva, tienen algunas características privadas y otras públicas.
A fines de enero de 2016 se aprobaron las modificaciones a la Ley 18.603 que aumentará la regulación del funcionamiento de los partidos políticos en Chile. El objetivo de la nueva regulación es hacer de los partidos instituciones más públicas, transparentes y democráticas. Todas las disposiciones de la nueva ley terminan de entrar en vigencia el 12 de octubre del 2016.
Los partidos políticos dejan de ser agrupaciones regidas por derecho privado y pasan a ser asociaciones voluntarias regidas por el derecho público. Es decir, se deben a Chile y a sus ciudadanos y ciudadanas, no a sus intereses particulares.
Se democratiza la elección de dirigentes exigiendo al menos un proceso electoral donde cada militante tenga derecho a votar.
Se prohíbe que sean financiados por empresas y se limita el financiamiento por particulares. Además, se establece un financiamiento público a los partidos, en función de su presencia nacional y votación. Este financiamiento se puede utilizar solo en ciertas actividades y viene acompañado de nuevas exigencias de transparencia.
Se incorporan cuotas de género para las dirigencias de los partidos.
Se establecen normas de transparencia y rendición de cuentas hacia sus afiliados y la ciudadanía en general.